El presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, presentó una nota ante el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, a quien le solicitó que realice una investigación por lo que él considera irregularidades en la sustanciación de una denuncia que él mismo interpuso contra el vicepresidente de la institución, Martín Lucio Terán. Gilli, además, advirtió que llevaría el caso ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

En la nota, Gilli indica que “en fecha 14 de abril presenté a horas 13.04 una denuncia caratulada Terán, Martín Lucio sobre falsedad ideológica en documentos. En tiempo record y fuera del contexto reglamentario de ese Ministerio, según cuya normativa ordena que las presentaciones realizadas los días viernes a la tarde recién serán procesadas el día lunes posterior de 7 a 13, lo cual agrega mayor gravedad al tema, y en tan solo 30 minutos, el auxiliar fiscal pudo leer la denuncia gravísima presentada, entenderla y realizar una resolución desestimándola”. “Posteriormente hubo una segunda resolución, trabajada y realizada conforme da cuenta los registros electrónicos, y notificada personalmente por el secretario de la fiscalía al suscripto, revocando la desestimación y enviado la causa a delitos complejos, pase que nunca se materializó”, afirmó Gilli en la misiva. Y agrega: “posteriormente en fecha 19/4/23 el señor fiscal dicta una resolución con la intención de subsanar las dos anteriores y ordena la investigación dentro de su propia fiscalía. Previo a la última desestimación, esta parte amplió denuncia informando que el señor vicepresidente usurpó las funciones propias de presidencia, esta vez para disponer fondos del Colegio”. “Claramente esto es parte de la misma usurpación de autoridad, pues las mismas no son inocentes, sino que tiene que ver con cuestiones que implican manejo de fondos y/o fiscalización, ya que los designados para delegados de la Caja cumplen la función de fiscalizar y auditar ojos aportes previsionales de los colegiados”, explicó. “Lo llamativo es que a esta última ampliación, la fiscalía pretendió en la misma desestimación, desdoblar para investigarlo por separado, cuando la lógica y la economía procesal aconseja lo contrario”, advirtió Gilli. “En conclusión, sobre los mismos hechos denunciados, el fiscal primero consideró sin leerlos que debía desestimar la denuncia, luego que sí debía investigar, posteriormente seguía con la misma idea y finalmente resolvió desestimar sin investigar”, dijo el presidente de la institución.

En la nota a Jiménez, Gilli advierte: “por ello, en pos de la seguridad jurídica que usted está obligado a brindar a la ciudadanía en general en búsqueda de la verdad real, solicito arbitre las medidas necesarias para solucionar las irregularidades cometidas, abriendo la instancia investigadora a los fines de llegar, con las pruebas ofrecidas, a la conclusión justa que así lo amerite, evitando en el futuro una situación similar a esta”.

Según la denuncia que Gilli había presentado contra Terán, este adulteró un acta ya que, según él, “están prohibidas las posteriores modificaciones de manera individual a las resoluciones transcritas en las actas de sesiones”. El presidente aseguró que en la reunión del 8 de marzo de 2023 el vocal Gustavo Usandivaras mocionó que los delegados Julieta Tejerizo y Carlos Cajal sean designados ante la Caja de Previsión Social para abogados y que se pidió que la resolución fuera firmada por el vicepresidente a pesar de que, dijo, él (el presidente) estaba presente. Las designaciones de los delegados fueron aceptadas “produciendo un efecto jurídico”, dijo Gilli, ante lo cual presentó una denuncia por adulteración de documento público y por usurpación de autoridad en contra del vicepresidente de la institución.